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“Ecologistas en Acción afirmó que el protocolo para Doñana presenta múltiples certezas y numerosas incertidumbres.”

HUELVA, 29 (EUROPA PRESS)

Ecologistas en Acción ha señalado este miércoles que la solución que ofrecen el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía se ha plasmado “en un simple protocolo de cordialidad” que, en su opinión, ofrece “algunas certezas” y “numerosas incertidumbres”.

Según ha indicado la ONG en una nota de prensa, el documento compromete, “básicamente, a mantener un foro de diálogo, buscar el equilibrio entre desarrollo económico y conservación de la integridad de Doñana, que se cumpla la legalidad, que se logre concluir el procedimiento de infracción abierto por la unión Europea al estado español y tomarse en serio las recomendaciones de las Misiones de Ramsar y de la Unesco”.

Las dos administraciones han presentado sendos documentos de actuaciones en el marco del protocolo firmado, “el de la Junta, de once páginas, el del Ministerio, de 60, y con periodo de información pública para recibir alegaciones hasta el 15 de diciembre”. Pero la ministra Teresa Ribera y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, “han dejado para dar a conocer en ruedas de prensa algunos datos que revelan importantes detalles”.

Así, la organización ha destacado que “se pretende solventar la deplorable situación del robo de agua en Doñana y el conflicto social creado por sectores agrícolas con cuantiosos pagos directos provenientes de fondos públicos andaluces, españoles y europeos”.

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Por su parte, Ecologistas ha criticado que el documento de la Junta de Andalucía “amalgama proyectos realizados, otros en marcha y algunos aprobados, afirmando que aportan 700 millones de euros en el marco de este protocolo”, pero incluye actuaciones en La Antilla y El Rompido (al oeste de Huelva), en la presa de los Machos (río Piedras, Cartaya, Huelva), en Burguillos (norte de Sevilla) o en municipios en parques nacionales de Sierra Nevada y la Sierra de la Nieves”.

“Este documento carece de relación con el actual marco de cooperación para el desarrollo sostenible respetando los valores del espacio protegido de Doñana, pues no ofrece detalles novedosos a ese respecto. Por parte de la Junta, lo que se sabe nuevo es lo declarado en ruedas de prensa”, ha reprochado.

Por otro lado, la ONG ha lamentado que el consejero de Sostenibilidad, Fernández-Pacheco, repita “hasta la saciedad” que el Plan de la fresa de 2014 “es un plan de ordenación que estaba mal hecho” y “era injusto con algunas familias”, pero “se elaboró con consenso y apoyo de todos los sectores, que prevé cómo tratar los escasos casos que pudieran tener alguna dificultad e incluso el mecanismo para su revisión.

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“A pesar de ello, el ‘de la Corona Norte’ o ‘de la fresa’ es un plan de ordenación de los regadíos que ha sido, como todos los anteriores, sistemáticamente incumplido por agricultores especuladores y poco heterodoxos, dentro del heterogéneo colectivo de los agricultores del ámbito de influencia de Doñana”, ha subrayado la organización que ha calificado de “irresponsabilidad” que un consejero “repita y repita una frase como si hubiera conocido de primera mano el instrumento de planificación y participado en su desarrollo, cuando a todas luces la repite como un mantra aprendido de ciertos sectores”.

Por ello, Ecologistas en Acción ha asegurado que si “finalmente se confirma lo que se viene publicando en prensa”, y “a falta de analizar” en profundidad las propuestas del Ministerio para la Transición Ecológica en el marco del recién firmado ‘Protocolo general de actuación relativo a la realización, seguimiento y evaluación de las iniciativas y actuaciones para el desarrollo socioeconómico sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana’, “la jugada de presión le ha salido redonda a un colectivo de agricultores heterogéneo, en los que no faltan, como decíamos, especuladores”.

Asimismo, en los 14 municipios del entorno de influencia en el Espacio Natural de Doñana, el Ministerio “pagará 70.000 euros prorrateados en diez años, por cada hectárea que se convierta de uso agrícola a forestal”.

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En los cinco municipios donde están los “principales causantes del problema del agua en Doñana”, podrán recibir además 20.000 euros más de la Junta, más 10.000 euros de la Diputación de Huelva. Según el Ministerio, por lo que “los solicitantes tendrán que presentar documentación que avale que cumplen estrictamente la legalidad”, pero para la organización es “dejar de nuevo en un limbo jurídico para los que han cultivado con regadío en tierras de canon de montes públicos de Ayuntamientos”.

“En total, estos agricultores recibirán 100.000 euros del erario público por hectárea que transformen, sin perjuicio de poder concurrir a otras muchas ayudas del ámbito forestal, invertir en entornos más propicios como Marruecos o en las ampliaciones de regadíos de la propia Huelva, así como firmar convenios de compensación de emisiones con empresas que paguen las reforestaciones y las mantengan por 30 años”, han remarcado.

Por todo ello, desde Ecologistas en Acción han aventurado que se trata “del error recurrente de hacer borrón y cuenta nueva”, por lo que “tampoco esta vez saldrá Doñana del bucle del fracaso”.


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