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Greenpeace celebra la anulación de la ley del Partido Popular en Doñana, pero no apoya las ayudas a los que cometen robo de agua

HUELVA, 27 (EUROPA PRESS)

Greenpeace valora positivamente que se haya llegado a un acuerdo sobre Doñana (Huelva) entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía ya que, “entre otras cosas, entierra definitivamente la proposición de ley impulsada por el PP y Vox, que pretendía amnistiar a regantes ilegales en la Corona Norte”, pero “no que las ayudas beneficien a quienes roban agua”.

Así lo ha indicado la organización tras la presentación en Almonte del ‘Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana’, con la que celebra que, “dados los problemas de agua que existen, y cada vez aumentarán en la zona, las medidas propuestas vayan encaminadas, entre otras cosas, a la transformación de cultivos agrícolas en otros fines como la renaturalización y la reconversión en secano o en agricultura ecológica”.

También valora “positivamente” que el marco de actuaciones se extienda a los catorce municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, “porque contribuye a generar una solución integral en el territorio”.

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Sin embargo, Greenpeace observa con “preocupación” que aquellas explotaciones “que han estado regando de forma ilegal durante años puedan beneficiarse de las ayudas para la diversificación agraria contempladas en el acuerdo”, al considerar que “de ser así, se estaría premiando económicamente a aquellas personas que han estado incumpliendo la ley”.

En este sentido, esperan que la ministra Teresa Ribera cumpla “el compromiso, explicitado este lunes durante el acto de presentación del acuerdo”, de “no dar ni un euro a quien incumpla la legislación vigente”. Esto, a juicio de la organización ecologista, “afectaría a aquellas fincas que han estado utilizando agua para regadío sin autorización”.

Por otro lado, la organización ha subrayado que este acuerdo “no debería paralizar los procesos judiciales y administrativos ya abiertos hacia aquellas fincas que han estado incumpliendo la ley durante años”, así como señala que “se deben reforzar los esfuerzos para perseguir el robo de agua, que por desgracia ha sido una práctica habitual durante todo este tiempo, acometiendo el cierre de todos los pozos ilegales que hay en la zona”.

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Además, la organización ecologista se muestra “preocupada” porque “aquellos beneficiarios de las ayudas trasladen sus explotaciones a otras zonas de la provincia de Huelva en las que el recién aprobado plan hidrológico contempla incremento de superficie de riego, trasladando así el problema a otras zonas”.

Greenpeace ha apuntado que, “a falta de hacer un análisis más exhaustivo del resto de medidas”, quiere hacer hincapié en “la importancia que tiene la presión ciudadana a la hora de conseguir que haya entendimiento entre diferentes administraciones públicas, con independencia de su color político, en aras de garantizar la protección de los ecosistemas y del desarrollo local de la población de una zona”.

Por otro lado, la organización ecologista ha manifestado que el caso de Doñana es “tan sólo la punta del iceberg de una problemática que afecta a muchos otros lugares del estado español”, ya que “como puede observarse en el informe La burbuja del Regadío en España, el 32,88% de los regadíos actuales se encuentran situados sobre masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo (sobreexplotados)”.

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Asimismo, ha afirmado que la agricultura intensiva e industrial de regadío y la ganadería intensiva “son responsables de más del 80% del consumo de agua” y de que “el 44% de las masas de agua subterráneas del país se encuentren en mal estado”. Por ello, Greenpeace considera que es “vital” que “se ensayen procesos de transición social, ecológica y económica como el que se ha presentado en Doñana”.

“El exceso de demanda hídrica que ejerce el actual modelo agroindustrial y de ganadería intensiva, unido a los efectos del cambio climático, hacen más que urgente acometer procesos de transición en los que se incluyan criterios de justicia social en el reparto del agua, que garanticen la supervivencia de las explotaciones de agricultura social y familiar, en detrimento de otros modelos agroindustriales especulativos”, ha destacado.


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